Una de las polémicas que más notoriedad han cobrado en los últimos tiempos es la que hace referencia a WhatsApp y el hecho de compartir los datos de sus usuarios con Facebook, la empresa a la que pertenece. Las desconfianzas hacia la red social y el uso que puede hacer de nuestros datos vienen de lejos, por lo que la adopción por parte de WhatsApp de esa forma de proceder hizo que saltarán las alarmas.
En primer lugar los usuarios a nivel individual en muchos casos, no vieron con buenos ojos esa práctica, un hecho que ha logrado que sus representantes políticos en muchos casos, terminen alzando la voz de igual forma por medio de los organismos competentes. Lo hemos visto a nivel supranacional (caso de la UE) en países como Alemania y España y ahora toca el turno de Francia.
El país vecino le enmienda la plana a WhatsApp y por ende a Facebook por medio de un organismo como es la "Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés" (CNIL) que en español viene a ser la "Comisión Nacional de la Informática y Libertades". Desde el país vecino y por medio de este organismo solicitan a la empresa que cese en su política de compartir datos con su empresa madre, Facebook.
El organismo afirma que esta forma de "recolectar" datos de los clientes del servicio de mensajería viola las libertades fundamentales de los usuarios y le ha dado a la empresa un mes de margen para que cese en su actividad.
La polémica viene de lejos, desde que WhatsApp actualizó sus Términos de Servicio para agregar una cláusula que le permite compartir los datos de sus usuarios con Facebook, independientemente de si estos tienen o no cuenta en la red social con ánimos de mejorar en la publicidad dirigida y personalizada.
Facebook vuelve por lo tanto a estar bajo el foco de la noticia, pues basta recordar que este año la Unión Europea multó a Facebook con más de 110 millones de euros por proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación de la adquisición de WhatsApp" llevada a cabo por Bruselas en 2014. Una sanción a la que se suma la impuesta en septiembre de 2017 en España por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que sancionó a la empresa de Mark Zuckerberg con 1,2 millones de euros por vulnerar la normativa sobre protección de datos.